Piden legislar sobre los plazos de los permisos de exploración y las concesiones de explotación de los hidrocarburos y ratificación de la “Ley Corta”, entre otros puntos.
Los gobernadores petroleros presentaron el lunes 16 de junio una contrapropuesta regulatoria para intentar resguardar los intereses de las provincias sobre el negocio hidrocarburífero.
El documento, elaborado fundamentalmente por los equipos técnicos de Jorge Sapag (Neuquén), Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y Martín Buzzi (Chubut), consta de ocho carillas y fue entregado en mano al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, según publica el portal El Inversor Online.
El texto que los mandatarios de la Ofephi -la organización que nuclea a los estados productores- propusieron la creación de un “Régimen federal de promoción de inversiones y responsabilidad empresaria para la extracción de gas y petróleo no convencional”. El texto es la respuesta de los gobernador al texto entregado por el propio Zanini a los mandatarios hace 10 días durante una reunión en la Quinta de Olivos con la presidenta Cristina Kirchner. Para descargar el documento, hacer click aquí (regimen federal).
El documento se terminó de definir el mismo lunes en una reunión en Buenos Aires de la que participaron ocho mandatarios petroleros (sólo faltaron Eduardo Fellner, de Jujuy, y Daniel Peralta, de Santa Cruz). Ese mismo día, se lo entregaron a Zanini.
El texto, de siete carillas, está acompañado por una nota inicial en la que los representantes provinciales destacan que “la mejor opción es proponer un régimen similar a la Ley de Promoción Industrial”, a fin de incentivar inversiones en “proyectos de hidrocarburos no convencionales, offshore y pesados”.
A su vez, se ratifica “en todos los términos la denominada Ley Corta (Ley 26.197), por la cual asumieron las provincias en forma plena el ejercicio originario y la administración sobre los yacimientos como autoridades concedentes”.
En esa línea, los miembros de la Ofephi llegaron a la conclusión de que en el marco de una política de promoción de inversiones, deberían tratarse un conjunto de temas. A saber: los plazos de los permisionarios y concesionarios; la ampliación de beneficios promocionales a la mayor cantidad de sujetos posibles y no sólo a las grandes empresas; el diseño de tributos a fin de promover inversiones (deducciones, regímenes de amortización acelerada del Impuesto a las Ganacias, y exenciones de derechos y gravámenes a la importación de bienes de capital e insumos”; el régimen cambiario, de modo tal de establecer, además de la libre disponibilidad correspondiente (como fijó el decreto 929/13 del Ejecutivo), la posibilidad de ampliar la libre disponibilidad de divisas y remesas de las utilidades; y el precio para el cálculo y la percepción de regalías tendencialmente convergentes con las referencias internacionales, entre otros punto.
Bajo ese paraguas, el régimen de promoción consensuado por los gobernadores se estructura por medio de cinco puntos (los dos primeros son los más sustanciosos).
El primero busca legislar sobre los plazos de los permisos de exploración y las concesiones de explotación de los hidrocarburos. En esa dirección, propicia la creación de un régimen especial temporario para los proyectos de desarrollo de reservorios no convencionales, offshore, de petróleo pesado, pozos profundos y de frontera en el marco de las leyes 17.319 (de Hidrocarburos), 26.197 (Corta) y 26.741 (de Soberanía Energética). Para eso, el texto advierte sobre la necesidad de definir algunos conceptos básicos como explotación no convencional, proyecto de desarrollo de reservorios no convencionales, superficie destinada a esas iniciativas, plan piloto, reestructuración de áreas, así como también las condiciones, plazos y procedimientos para aprobar los emprendimientos de inversión.
Al mismo tiempo, se suscribe que el organismo encargado de evaluar las características de cada proyecto de inverisión será la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, que funciona bajo la órbita del ministro de Economía, Axel Kicillof. Y se establece que las petroleras podrán solicitar un plazo extraordinario de extensión de la concesión por hasta 35 años contados desde la aprobación del proyecto de desarrollo no convencional, sólo respecto de la superficie destinada al mismo. Las empresas no podrán reclamar una extensión adicional.
El segundo punto del documento está titulado “Promoción y fomento de la actividad” y aboga por la ampliación de los beneficios fiscales e impositivos para la mayor cantidad de sujetos posibles. “Se debería generar un esquema promocional flexible que permita una evaluación integral de los beneficios de cada proyecto y no sólo para los que inviertan más de U$S 1000, tal como prescribe el decreto 929/13″, señala el texto.
La intención de los mandatarios es que los incentivos no alcancen sólo a las petroleras que inviertan en campos no convencionales, sino también en las que apuesten por el offshore, los yacimientos de crudo pesado y en pozos de gran profundidad. Para eso, plantearon la creación de un régimen de amortización acelerada similares a los que contempla la Ley de Promoción Industrial, y otro régimen cambiario, que autorice a las empresas a girar dividendos y utilidades al exterior.
Uno las propuestas más polémicas que incluye el texto redactado por los gobernadoras es la que se refiere a los precios de los hidrocarburos. Por un lado, los mandatarios buscan que el Gobierno asigne a la categoría de “precio” todos los subsidios que paga el Estado a los privados -como por ejemplo las subvenciones que reciben los productores de gas que aumenten su producción-, con el objetivo de incrementar la recaudación de regalías de las provincias.
Por el otro, formulan que no pueda existir en los precios del mercado interno una diferencia mayor al 6% entre los valores de cada tipo de crudo. En los hechos, las provincias aspiran a atar el precio de todos los crudos al Medanito que se extrae en Neuquén, el más caro por su rendimiento en las refinerías.
Los últimos tres puntos del documento versan sobre el cuidado del medio ambiente; la responsabilidad social empresaria; y obras de infraestructura urbana y de transporte, pero su desarrollo es muy exiguo. (El Inversor Online.)
Fuente: www.vacamuertanews.com.ar